La intervención del Ueno Bank por parte del Banco Central de Paraguay desató una ola de indignación ciudadana y abrió un nuevo frente de crisis política para el gobierno de Santiago Peña.
La medida, iniciada el martes, dejó temporalmente sin acceso a sus fondos a más de 2,94 millones de clientes, generando preocupación por los ahorros y los recursos depositados en la entidad financiera.
Aunque el presidente Peña promulgó una ley que busca agilizar la devolución del dinero retenido, con un plazo mínimo de 24 horas, la decisión no logró frenar las protestas. Por segunda noche consecutiva, cientos de paraguayos se concentraron en Asunción para exigir respuestas y denunciar los privilegios, la falta de medicamentos, las deficiencias del transporte y la impunidad.
Las movilizaciones, protagonizadas principalmente por jóvenes, también apuntaron contra el Partido Colorado, que ha permanecido casi ininterrumpidamente en el poder durante décadas.
La crisis financiera ya tiene repercusiones políticas. Diputados opositores y disidentes del oficialismo presentaron una acusación para impulsar un juicio político contra Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana. La iniciativa deberá superar las mayorías de dos tercios establecidas por la Constitución para avanzar.
El caso también genera cuestionamientos por los vínculos que se atribuyen al mandatario con Ueno Bank. El presidente de la entidad, Juan Manuel Gustale, actualmente detenido, negó que Peña tuviera relación directa con el banco, aunque reconoció su participación accionaria en Ueno Holding, según el reporte.
Paraguay enfrenta así una crisis que va más allá de una entidad financiera: están en juego los ahorros de millones de personas, la confianza en el sistema bancario y la estabilidad política del gobierno.
